Cuenta atrás para la inspección eléctrica en comunidades de vecinos antiguas

En la Comunidad de Madrid existe un parque de más de 20.000 edificios -el 30% con más de 40 años de antigüedad- que están llamados a pasar la inspección de instalación eléctrica común antes del próximo 18 de septiembre. De no cumplir con esta inminente obligación, las comunidades de propietarios madrileñas se enfrentan a multas de hasta 90.000 euros. Una sanción que, a buen seguro, pillará por sorpresa a la mayoría por la falta de información al respecto.

Esta exigencia, que viene impuesta en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), en vigor desde el 18 de septiembre de 2003, obliga a las comunidades de vecinos a realizar una inspección eléctrica cada 10 años por parte de un Organismo de Control Autorizado y cuando la potencia total instalada sea superior a 100 kW. Sólo en la comunidad madrileña se contabilizan 158.000 edificios destinados a viviendas colectivas, de los cuales más de un 70% fueron legalizados con reglamentos y condiciones técnicas anteriores al vigente REBT.

Debido al importante volumen del parque a inspeccionar y a la diversa reglamentación con que fueron realizadas las instalaciones, desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGI) se han efectuado diversas actuaciones tendentes a organizar y gestionar el proceso con el objetivo de cumplir el plazo reglamentario y garantizar la seguridad de las instalaciones.

De este modo, se ha elaborado un protocolo de inspección que utilizan todos los Organismos de Control Autorizados y diversa documentación técnica con la finalidad de normalizar y homogeneizar al máximo la labor inspectora.

El tiempo para el cumplimiento del plazo se agota. Restan pocos días y pese a la capacidad inspectora de los 18 Organismos de Control Autorizados que actúan en este campo reglamentario, la acumulación de solicitudes de inspección en las últimas semanas ha llevado a la consejería de Industria a extender el periodo de realización de las inspecciones hasta finales de este año.

Y es que a día de hoy sólo se han realizado 7.200 inspecciones (un 35% del objetivo) aunque constan ya presupuestadas pero pendientes de realizar otras 5.600 inspecciones (29%), según datos de la DGI. No obstante, estas cifras van en aumento diariamente ante la inmediatez del vencimiento del plazo, «por lo que esperamos que se alcance el 80% de las inspecciones, entre realizadas y solicitadas, el próximo 18 de septiembre», asegura este organismo.

Actas negativas

Por lo que se refiere a los resultados de las inspecciones, la Comunidad de Madrid valora como «muy favorable» el proceso hasta el momento realizado. Valoraciones que son remitidas a la DGI a los efectos del oportuno control y seguimiento.

Industria no oculta que existen comunidades de vecinos que presentan defectos en sus instalaciones, pero, como asegura, los Organismos de Control Autorizado establece un plazo, normalmente, máximo de seis meses, para que corrijan las anomalías.

Si transcurridos los seis meses no se han subsanado, este Organismo emite un acta negativa. «En este caso, se inicia por nuestra parte un expediente administrativo en el que se requiere a la comunidad de propietarios que repare la instalación, pudiendo finalmente ser sancionada por la Ley de Industria con multas de hasta 90.000 euros, ya que el incumpliendo de las prescripciones de seguridad y la inadecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones puede suponer un peligro para las personas y los bienes», advierte la DGI.

Estas mismas sanciones se impondrían a aquellas comunidades que no cumplan con la obligación de realizar la inspección periódica correspondiente en el plazo establecido.

 

Fuente: elmundo.es