Vecinos morosos a la fuga en la Costa del Sol

Málaga es, junto a Alicante, una de las provincias que en el último año ha registrado el mayor número de transacciones de compraventa de viviendas por parte de ciudadanos de otras nacionalidades, sobre todo ingleses, que son desde hace años los extranjeros que más viviendas adquieren en España.

A causa de la crisis y la caída del valor de las viviendas, muchos de ellos han optado por abandonarlas, de forma que el 20% de la morosidad en las comunidades de propietarios de Málaga proviene de estos propietarios extranjeros. En total, la deuda supera los 12 millones de euros, estima el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. A esta se suma la deuda de las entidades financieras. La zona más afectada: la Costa del Sol.

«Cobrar la deuda es harto complicado por la dificultad para localizarlos en sus países y realizar los requerimientos», señala Fernando Pastor, presidente del colegio malagueño.

Para Pastor, «la principal dificultad estriba en que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) obliga a los propietarios a notificar su domicilio en España, y éste, para los extranjeros, es el de la propia comunidad». «Por ello -continúa-, a la hora de intentar notificarles la deuda o los acuerdos para reclamársela, no se consigue, pues normalmente no se encuentran en dicho domicilio».

El presidente de los administradores de fincas de Málaga reconoce que la LPH protege al moroso extranjero: «Es una ley garantista, quizás demasiado, ya que el juez, antes de proceder contra el deudor, quiere asegurarse que la comunidad demandante ha intentado localizar al propietario moroso, no bastándole que se haga únicamente en el domicilio en España, facilitado por el propio deudor». «De esta manera», insiste, «los tribunales traspasan a las comunidades una responsabilidad que realmente no les corresponde, ya que es el propietario el que está obligado a comunicar su domicilio a efectos de comunicaciones».

Ante esta situación, no es de extrañar que muchas comunidades de vecinos se conviertan en ‘detectives’,con el objeto de localizar al propietario deudor. Laura Varela, administradora de fincas en Mijas, lleva cinco años intentando recuperar una deuda que ya asciende a 17.000 euros en concepto de impagos de cuotas de comunidad de un único propietario inglés que se dio a la fuga en 2006-07. La crisis motivó que muchos propietarios ingleses abandonaran a su suerte la propiedad que habían adquirido, «por entender que eran mucho mayores los gastos que el valor al que habían comprado», cuenta Varela.

Este problema -reconoce- «es muy común en las comunidades de vecinos malagueñas situadas en costa». De hecho, en otra finca perteneciente a la misma comunidad de 56 apartamentos administrada por Varela la deuda también ascendió a 16.000 euros. «Pero, en este caso, hace poco menos de un año, el banco se adjudicó la vivienda y, al convertirse en nuevo propietario, la comunidad pudo recuperar parte de la deuda», explica.

Reclamación de la deuda

Lamenta, sin embargo, que esta adjudicación fuese anterior a la reforma de la Ley, que ahora posibilita reclamar la deuda del año natural y los tres inmediatamente anteriores. Ahora bien, no ceja en su empeño de recuperar los 11.000 euros restantes que corresponde pagar al primer propietario. Es por ello que ha puesto en manos de un despacho de abogados especializado en derecho inmobiliario la ardua tarea de investigar el paradero del moroso en su país de origen, Reino Unido.

Menos suerte ha tenido su colega Esther Astorga, que administra cerca de 25 comunidades ubicadas desde Torremolinos a Calahonda. «Aunque este problema sucede desde el inicio de la crisis; compraron una vivienda como una inversión interesante y al no poder afrontar los pagos se van sin más».

«Eso sí», aclara, «en ocasiones siguen viniendo a disfrutar de la vivienda o incluso la ceden en alquiler a agencias inmobiliarias obteniendo rentas por ellas mientras esperan la adjudicación a la correspondiente entidad bancaria titular de la hipoteca».

Una de las comunidades que administra Astorga tiene un deudor de 17.000 euros. «Pese a haberle demandado en España y ganado el pleito, la comunidad no ha conseguido cobrar la deuda porque este propietario no tiene bienes en nuestro país distintos de las viviendas que están gravadas con sendas hipotecas», se lamenta. Y continúa: «También le hemos reclamado la deuda en el Reino Unido pero se ha defendido argumentando la deficiencia de los servicios de la comunidad».

Un tipo de oposición que, según la administradora, no tendría cabida en España o en todo caso se debatiría ante los tribunales, sin que el coste de los procedimientos se desorbitara. Ahora bien, «al ser planteado en el Reino Unido, los costes de los abogados son muy superiores, y la comunidad ha optado finalmente por no correr el riesgo de nuevos e importantes costes», sentencia.

Aunque se trata de innumerables casos, las administradoras consultadas reconocen que no se puede medir a todos los propietarios ingleses «por el mismo rasero». «La mayoría de ellos son buenos pagadores», aclara Astorga.

Para no enfrentarse a las consecuencias de un incremento de la mora en las comunidades que gestionan, varios administradores de fincas de la Costa del Sol han comenzado a trabajar con despachos especializados en cobro de deudas en el Reino Unido.

Una de ellas, Welbeck Law LLP, con sede en Londres, ya ha contactado con 27 deudores en sus domicilios. «Les escribimos para darles 14 días para pagar la deuda», explica Jeremy Boyle, socio de Welbeck Law LLP. «Si no lo hace», prosigue, «emitimos una solicitud de pago en los tribunales británicos».

Fuera de tiempo

Los administradores de fincas afirman que, con este procedimiento, se reducen los tiempos de cobro de la deuda. La sobrecarga de trabajo en los juzgados españoles hace que en la Costa del Sol estos procedimientos se puedan alargar hasta cuatro años, «como sucede en los juzgados de Estepona», denuncia su presidente.

Lo normal, no obstante, es que el plazo de cobro de la deuda sea aproximadamente de dos años, «aunque siempre supondrá un perjuicio para la comunidad ya que durante este tiempo tendrá que seguir funcionando sin contar con estas cuotas», precisa Pastor. En cambio, «si echamos mano de las leyes europeas en el país de origen del deudor se puede conseguir hacer cumplir una orden de pago en un tiempo estimado de entre 8 y 12 semanas», concluye Boyle.

 

Fuente: elmundo.es