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¿Vulnera mis derechos fundamentales la cesión de grabaciones de cámaras de seguridad de las Comunidades de Propietarios a la policía?

¿Vulnera mis derechos fundamentales la cesión de grabaciones de cámaras de seguridad de las Comunidades de Propietarios a la policía?

¿Vulnera mis derechos fundamentales la cesión de grabaciones de cámaras de seguridad de las Comunidades de Propietarios a la policía?

Cada vez es más frecuente en nuestra profesión encontrar Comunidades de Propietarios que requieren que recabemos presupuestos de distintas empresas de seguridad y video vigilancia para salvaguardar la seguridad de sus vecinos, y presentarlos posteriormente en Junta para su aprobación.

Generalmente, su colocación se produce en zonas comunes tales como portales, ascensores, garajes…, y se respaldan leyes como la LOPD, Ley de Propiedad Horizontal y Ley de Seguridad Privada, entre otras. Detallamos así que, en cuanto al tratamiento de las imágenes y el responsable de estas, la legislación es tajante: corresponde cumplir con el deber de confidencialidad y respetar la privacidad de los usuarios.

Igualmente, la Constitución en su artículo 18 deja bien claro que “El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, son derechos absolutos y fundamentales.

Justo entonces nace la duda de si tenemos la obligación, en nuestra condición de Administradores, de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las grabaciones que realicen las cámaras de seguridad que se instalen en las Comunidades de Propietarios que así lo decidieren.

La Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 8.1 considera fundada la cesión de datos a terceros sin el previo consentimiento del interesado, siempre que exista una norma con rango de ley que lo autorice. Y ciñéndonos al asunto que nos acoge, la cesión de grabaciones viene plasmada en el artículo 15 de la Ley de Seguridad Privada:

1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.”

 

Por lo tanto, será admisible la cesión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre que quede debidamente acreditada que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública y resulten absolutamente necesarios para los fines de la investigación; además, la solicitud deberá ser concreta y específica.

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